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Denunciar ante el constitucional

 
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svazquezb



Registrado: 07 Oct 2010
Mensajes: 1

MensajePublicado: Jue Oct 07, 2010 6:19 pm    Asunto: Denunciar ante el constitucional Responder citando

Se me ocurre una propuesta un poco descabellada:
Si se están emprendiendo acciones legales contra dictaduras e implicando a estados extranjeros, ¿NO se podría denunciar ante el Tribunal Constitucional al Aparato del Estado español por no velar por el cumplimiento de la Constitución?
Igual que se admiten a trámite denuncias y juicios contra estados e instituciones (incluso extranjeras), ¿no se podrían emprender acciones contra el Estado Español o incluso contra ministerios y/o organismos de gestion de la vivienda que no están haciendo su trabajo, aunque sea por omisión permitiendo todo tipo de abusos en contra de lo que dice la Constitución?

Una plataforma como ésta sería el foro adecuado para presentar dicha denuncia, ¿no?

¿Qué problemas de fondo o forma hay para que esto no pueda llevarse a cabo?

(No quiero entrar en qué otros intereses(politicos, económicos, financieros) hay para que no se haga, ya que considero que es bastante obvio)

Un saludo
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jevymetal69



Registrado: 31 Ene 2007
Mensajes: 66

MensajePublicado: Mar Oct 12, 2010 1:53 am    Asunto: Responder citando

Estamos desarrollando una guía que aclarará estos problemas... Lo que dice la constitución es simplemente papel mojado... Queda muy bonito pero no es exigible legalmente... Te pongo un extracto de nuestra futura guía, de ayuda para estas dudas que tanto surgen... espero que te ayude:

UN DERECHO NO SIEMPRE ES UN DERECHO: A VECES ES SÓLO UN PRINCIPIO RECTOR.
Como decíamos, conviene precisar que el “derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada” no confiere a cada ciudadano español una acción directa ante los tribunales para obtener de las administraciones públicas una actuación dirigida a garantizar o facilitar el acceso a una vivienda. El artículo 47 forma parte de los llamados “Principios rectores de la política social y económica” (Capítulo III del Título I de la Constitución), los cuales, según establece el artículo 53.3, “sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen”.
Por lo tanto, el derecho reconocido en el artículo 47 debe interpretarse como un mandato a los poderes públicos para que definan y ejecuten las políticas necesarias para hacer efectivo ese derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes (Sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988, de 20 de julio). Con otras palabras, el artículo 47 sólo establece un principio general que debe guiar la actuación de los poderes públicos, dejando abierta la posibilidad de que una ley reconozca el derecho subjetivo de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada.
Las posibilidades que tiene la ciudadanía para intentar hacer efectivo ese derecho, en consecuencia, son muy limitadas. La única ley estatal que se refiere al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es el texto refundido de la ley del suelo (aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), pero no lo convierte en un derecho subjetivo.

Precisamente para cubrir lagunas de este tipo los ciudadanos disponemos de instrumentos como la iniciativa legislativa popular, que se explicará en el capítulo II de esta guía. Además, conviene recordar que el contenido del artículo 47, en tanto que principio rector de la política social y económica, puede ser utilizado como medida de presión para exigir de los poderes públicos una actuación conforme con la Constitución, lo que, dicho sea de paso, también contribuiría a consolidar el Estado social consagrado en el artículo 1, ayudaría a garantizar el principio de igualdad material contemplado en el artículo 9.2 y, por último, favorecería la consecución de la función social de la propiedad que reconoce el artículo 33.2.
Esta función social de la propiedad, por ejemplo, sí ha sido tenida en cuenta en algunas legislaciones autonómicas. Así, destaca la ley del derecho a la vivienda aprobada por el Parlamento de Cataluña (Ley 18/2007, de 28 de diciembre), que establece, entre otras cuestiones dignas de mención, lo siguiente:
- En primer lugar, reconoce el derecho a la vivienda, “entendido como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las distintas etapas de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y social y a la capacidad funcional”;
- Entre sus principales finalidades se encuentra la delimitación del contenido de la función social de la propiedad de las viviendas y la identificación y corrección de las situaciones de incumplimiento de esa función social. En particular, incluye actuaciones para evitar la desocupación permanente de viviendas, como por ejemplo: “…en aquellos ámbitos declarados como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, la administración puede declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda”;
- Además, permite que todos los ciudadanos, en ejercicio de la acción pública en materia de vivienda, puedan “exigir ante los órganos administrativos y ante la jurisdicción contencioso-administrativa el cumplimiento de la legislación en materia de vivienda y de las disposiciones y medidas establecidas por el planeamiento urbanístico referidas a la vivienda”.
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