EL carácter 'ejemplarizante' de la medida que ha invocado el consejero de Territorio y Vivienda de la Comunidad de Valencia al retirar el control del urbanismo al municipio de Catral, en el que se han construido un millar de casas sin licencia en pleno parque natural de El Hondo, debería ser una buena noticia. Pero no lo es en la medida en que resulta realmente sorprendente que se ataje semejante desmán cuando el daño urbanístico y ambiental está tan avanzado y es bien conocido que lo que sucede en este término municipal -en manos del PSOE- ocurre igualmente en una infinidad de los municipios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, independientemente del signo político de su alcaldía, porque lo suficientemente acreditado es que la anarquía urbanística en este país es una lacra transversal que afecta a la gran mayoría de los partidos. Tampoco es Valencia la única Autonomía en la que suceden hechos de esta índole, como demuestran los casos de Carboneras, en Almería; Seseña, en Toledo; la reciente dimisión del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (PP) acusado de haberse enriquecido mediante planes parciales autorizados por su departamento o la del vicepresidente de la Diputación de Granada después de que se hicieran públicos los sorprendentes incrementos de su patrimonio personal. Por no hablar de la disolución del consistorio marbellí, sin duda el paradigma de la especulación inmobiliaria fraudulenta.
La corrupción urbanística ha crecido en nuestro país hasta el extremo de convertirse en una verdadera lacra. Lacra que, por cierto, se ampara en una legislación manifiestamente insuficiente para garantizar el interés general así como para prevenir y reprimir los delitos relacionados con la corrupción, y con la escasez de medios con que cuenta la Justicia para combatir el fraude. A medida que arrecia el goteo de episodios de esta naturaleza crece el malestar en la opinión pública, pero no se ve en absoluto que los responsables políticos tomen conciencia de la gravedad creciente del asunto ni del desprestigio que también les salpica. La cirugía aplicada en Marbella, en gran medida gracias al arrojo de un único juez, debería haber sentado escuela en otros lugares donde la contaminación es muy evidente. Y, para ello, es necesaria la iniciativa del Ministerio Fiscal, que puede y debe ser excitado en su celo por el Gobierno. Al propio tiempo, debe revisarse cuanto antes la legislación para facilitar la paralización de cualquier construcción de dudosa legalidad, el derribo de las construidas sin las preceptivas autorizaciones, la sanción de los infractores y la persecución de las tramas delictivas que están detrás de los flujos indecentes de dinero negro que circulan por el litoral -y no sólo por el litoral- de nuestro país. No se puede construir una democracia cabal basada en valores arraigados en medio del espectáculo denigrante de una corrupción que germina por numerosos intersticios de este país. La construcción ha sido, y está siendo, un motor muy útil para nuestro desarrollo económico y, por eso mismo, ha llegado el momento de erradicar esta 'infección' que amenaza con contaminar gravemente sectores muy amplios de la política municipal.
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